Lo que observamos recientemente en el video donde el Secretario de Seguridad Pública Municipal detiene a un ciudadano por presuntamente haberlo insultado, no solo es reprobable desde el punto de vista ético, sino también incompatible con el marco constitucional mexicano y con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que la seguridad pública está a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, y que las instituciones policiales deben actuar con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. La autoridad no puede erigirse en juez y parte, ni mucho menos utilizar la fuerza pública como instrumento de revancha personal. El uso de la fuerza no es discrecional, y jamás puede emplearse para satisfacer el ego o el capricho del funcionario de turno.
A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos órganos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han sostenido que la libertad de expresión incluye opiniones incómodas, críticas duras e incluso expresiones ofensivas dirigidas hacia funcionarios públicos, quienes por su posición están sujetos a un mayor nivel de escrutinio y tolerancia. La policía, como representación visible del Estado, no puede reaccionar con violencia institucional frente a la crítica ciudadana, por más ruda que esta sea.
La actuación del Secretario, al ordenar una detención por un supuesto insulto, y con ello privar de la libertad a una persona, no está justificada ni en términos jurídicos ni éticos. No hay delito, no hay riesgo ni amenaza real. Solo hay un acto arbitrario y desproporcionado que podría configurar el delito de abuso de autoridad, pero sobre todo, una grave violación a los derechos humanos del ciudadano.
Este tipo de actos deben encender las alertas no solo jurídicas, sino también políticas. Porque en una democracia, el respeto a los derechos humanos no es opcional ni sujeto al estado de ánimo de los funcionarios. La autoridad no está por encima de la ley; está sometida a ella. Y si no entiende los límites de su poder, entonces no está capacitada para ejercerlo.
Lo sucedido revela un preocupante retroceso en la cultura democrática y en la formación de nuestras corporaciones policiales. No necesitamos policías que se sientan ofendidos y actúen con prepotencia. Necesitamos instituciones que respeten la legalidad, que garanticen los derechos, y que actúen con altura frente al conflicto.
En Tuxtla, como en todo México, la autoridad debe ganarse el respeto con integridad, no imponerlo con violencia. El respeto se construye con hechos, con confianza, con compromiso público. No con detenciones arbitrarias que ofenden a la Constitución, pisotean la dignidad y debilitan la legitimidad institucional.
Opinión de: Manuel de Jesús Cruz Espinosa
